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Declaración de Santo Domingo. Cumbre: “Unidos por un Mejor Futuro Para Haiti”

Enviar este artículo Imprimir este artículo Enero 23, 2010 | 1 Comentario

El seísmo que asoló Haití el 12 de enero del 2010 ha provocado una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas. Decenas de miles de personas han perdido la vida y centenares de miles sus casas y sus medios de vida. La comunidad internacional se ha visto impactada por esta tragedia y ha respondido con celeridad y prontitud para paliar los efectos del devastador seísmo que tan duramente ha castigado al pueblo de Haití.

Por ello, el 18 de enero de 2010, en Santo Domingo, con el beneplácito y la asistencia del Presidente de la República de Haití, Sr. René Preval, y a iniciativa del Presidente de la República Dominicana, Sr. Leonel Fernández Reyna, se ha celebrado la cumbre “Unidos por un Mejor Futuro para Haiti”, en la que hemos participado representantes de los países miembros del CARICOM, OEA, la Organización de las Naciones Unidas (UN), la Unión Europea y el Banco Mundial; así como representantes de Canadá, España, los Estados Unidos y  Brasil. El objetivo de la reunión fue examinar la mejor forma de hacer frente a esta dramática situación.

La ingente ayuda que desde diferentes países, organizaciones sociales e instituciones internacionales se ha dirigido a Haití muestra la voluntad y el compromiso de querer transformar el dolor en esperanza, de colaborar tanto en la ayuda inmediata a las victimas como en la reconstrucción del país.

La especial vulnerabilidad que Haití viene sufriendo ha multiplicado exponencialmente los efectos de esta catástrofe. Por eso, siendo imprescindible la ayuda de emergencia inmediata para responder a las necesidades humanitarias mas urgentes, una respuesta adecuada a la situación del país exige que la comunidad internacional, y especialmente los países con mayor implicación en el desarrollo de Haití propicien la búsqueda de iniciativas para garantizar la viabilidad y abrir nuevas posibilidades de futuro para el Estado Haitiano a medio y largo plazo.

La fragilidad estructural del país en estos momentos hace de la coordinación de esfuerzos una herramienta fundamental de la comunidad internacional para lograr, en el menor plazo posible, ese objetivo. Un objetivo que para hacerse realidad, debe incorporar, en todo caso, al gobierno y al pueblo de Haití en las iniciativas y proyectos que puedan formularse.

El Gobierno y el Pueblo de Haití son y deben seguir siendo los principales protagonistas de la reconstrucción de su país y de su destino colectivo. Pero es responsabilidad de la comunidad internacional ofrecer todo su apoyo para convertir la incertidumbre en confianza y el escepticismo en ilusión por su futuro compartido.

Por todo ello, los países y organizaciones presentes en esta cumbre acuerdan promover la celebración de una Conferencia Internacional que tendrá como objetivo la elaboración de un Plan Estratégico para la Reconstrucción de Haití ,que mas allá de las ayudas de emergencia, contribuya a reforzar en el medio y largo plazo la viabilidad y la estabilidad social, económica y política de Haití. La Conferencia será convocada por la Unión Europea y se celebrará en la República Dominicana.

Un Comité de coordinación creado a tal efecto y formado por Haití, República Dominicana, CARICOM, Naciones Unidas, Unión Europea, Organización de Estados Americanos, Grupo de Río, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, se ocupara de la organización de dicha actividad que celebrará su primera reunión el próximo 25 de enero en Canadá.

Un grupo de trabajo designado por este comité elaborara una propuesta de Plan Estratégico que será sometida a debate en la primera reunión plenaria y que estará basado en tres puntos:

1) Los Objetivos del Milenio; 2) el Documento de Estrategia Nacional para el crecimiento y la reducción de la pobreza 2008-2010; y 3) el Documento del Banco Mundial conocido como Opciones y Oportunidades para Haití.

Asimismo, se acuerda proponer al G-20 que en su próxima reunión estudie la creación de un fondo para la reconstrucción de Haití teniendo en cuenta experiencias como la del fondo de Irak.

El mundo globalizado en el que vivimos exige de nosotros respuestas también globales, los países y organizaciones presentes en esta reunión creemos que el futuro de Haití merece que la comunidad internacional sume sus esfuerzos.

La crisis de Haití ha reafirmado de nuevo que en nuestro mundo globalizado no solo los Gobiernos sino también los ciudadanos sienten que nada de lo que le ocurre al otro nos es ajeno. Que podemos y debemos construir un mundo más justo y más humano.

Para miles de haitianos esta tragedia ha supuesto un final, es nuestra responsabilidad que para millones de ciudadanos de este y otros continentes sea un nuevo comienzo.

Oct

20

España ignora las condenas de la ONU por vulneración de derechos

Enviar este artículo Imprimir este artículo Octubre 20, 2009 | 2 Comentarios

El periódico El País, de España acaba de publicar un excelente articulo, donde analiza un caso conocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ya en el 1984, nosotros habíamos obtenido ganancia de causa ante ese mismo organismo, y los resultados fueron los mismos, indiferencia e ineficacia de los mecanismos, cuando las victimas obtienen ganancia de causa y demandan una justa reparación. Traemos a su consideración dicho trabajo, realizado por la periodista Mónica Ceberio Belaza

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España ignora las condenas de la ONU por vulneración de derechos

El Comité de Derechos Humanos observa “con preocupación” la falta de medidas concretas implantadas por el Estado para hacer cumplir sus dictámenes La ausencia de una doble instancia penal ha originado muchas condenas

MÓNICA CEBERIO BELAZA – Madrid – 19/10/2009

Rosalind Williams ganó recientemente a España en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En 1992, la policía le pidió la documentación en una estación de tren de Valladolid única y exclusivamente porque era negra. La justicia jamás la amparó. Diecisiete años después, nuestro país ha sido condenado por vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debe reparar a la víctima -incluyendo una petición pública de disculpas-, y comunicar al Comité las medidas que se adopten en los 180 días posteriores a la resolución (dictada el 27 de julio). Hasta el momento, ni ella ni sus abogadas han tenido noticia alguna de la administración. No es raro. El Gobierno español -éste y los anteriores- se desentiende sistemáticamente de reparar o indemnizar en los casos en los que el Comité de Derechos Humanos le obliga a ello. España ha sido condenada 22 veces por vulnerar derechos humanos. Pero el dictamen suele ser ignorado y es la persona la que tiene que acudir a los tribunales -y pagarse un abogado y un procurador- si quiere una reparación.

* POR SER NEGRA

Conseguir las indemnizaciones suele convertirse en un vía crucis

“Si no se respeta el tratado, ¿para qué se firma?”, pregunta un abogado

La Administración se defiende: que no es necesario ningún protocolo, que los dictámenes son publicados en el BOE y que los particulares pueden acudir a los tribunales si así lo estiman conveniente, según explica el Gobierno en un documento remitido a la ONU en octubre de 2008. Al Comité no le pareció suficiente la respuesta. En su informe del año pasado expresó su “preocupación por la falta de información sobre las medidas concretas” adoptadas por España “para dar seguimiento a las observaciones del Comité”. El Estado podría reparar directamente, pero falta voluntad. Un caso demuestra que es posible. Instituciones Penitenciarias se ha puesto en contacto con el abogado de una madre y dos hijos cuyo familiar murió de sida en la cárcel en 1994. No sólo no le concedieron la libertad cuando ya estaba en fase terminal (como es habitual) sino que ni siquiera comunicaron a la familia que estaba a punto de fallecer. Murió solo y el Comité de Derechos Humanos condenó a España el pasado marzo. Instituciones Penitenciarias, de forma inaudita, ha actuado de oficio. Aún no hay acuerdo sobre la indemnización, pero es un avance… Y una excepción. Por lo general, conseguir el cumplimiento del dictamen se convierte en un vía crucis.

A Alfonso Ruiz lo condenaron por falsedad y estafa a cuatro años y ocho meses de cárcel. La sentencia se dictó en 1994, pero los hechos databan de 1983. El proceso tardó 11 años en resolverse. Intentó que lo indultaran, recurrió al Constitucional… Nada. Como último cartucho, acudió al Comité de Derechos Humanos, que le dio la razón en 2002 y dictaminó que España tenía la obligación de proporcionarle “un remedio efectivo” y “una indemnización por la duración excesiva del juicio”.

A pesar de su flamante dictamen, no consiguió gran cosa. Lo primero que hizo su abogado, José Luis Mazón, fue pedir al Ministerio de Justicia una indemnización. La solicitud fue rechazada. Acudió entonces a la Audiencia Nacional. El ministerio remitió un escrito al tribunal en diciembre de 2003 diciendo que “al parecer” el letrado pretendía instar una acción de reclamación frente al Estado que “sólo” se basaba en el dictamen del Comité de Derechos Humanos. Del texto se desprende que Justicia consideraba que una resolución de este tipo no era, en ningún caso, motivo suficiente ni lógico para pedir una compensación.

La Audiencia le concedió sólo 600 euros. Los magistrados dictaminaron que no habían quedado acreditados los daños y que, además, el “perjuicio moral” podía “entenderse reparado, siquiera en parte, por el propio dictamen”. Ni siquiera condenaron al Estado a pagar al hombre los gastos de abogado y procurador, que ya eran más altos que la indemnización.

El Comité de Derechos Humanos es el encargado de velar por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, firmado y ratificado por España. Es un tratado internacional que, según la Constitución, forma parte del derecho interno. España es uno de los países con mayor número de condenas, sólo superado por Jamaica, Australia y Uruguay. Esta cifra de condenas no refleja la realidad. Es notorio que hay un sinfín de países en los que se cometen mayores violaciones de los derechos humanos que en España. El problema no es tanto ése como la escasez de medidas que se adoptan para cumplir con el Comité.

El Estado entiende que sus dictámenes no son vinculantes. “¿Pero para qué se firma un tratado si después se ignoran las decisiones del órgano encargado de velar por su cumplimiento?”, se pregunta el abogado Mazón, que ha llevado decenas de casos ante el Comité. “Lograr que se cumplan los dictámenes es una empresa casi imposible”.

Muchas de las condenas se deben a que España no tiene una doble instancia penal. Una vez que hay una condena, el caso no puede ser revisado de nuevo en todos sus puntos por un tribunal superior. El recurso de casación es limitado y no permite volver a revisar los hechos; por otro lado están los aforados, juzgados directamente por el Tribunal Supremo (sin posibilidad de recurso) y cabe también la posibilidad de que sea el Supremo el que condene por primera vez, en casación, de forma que esa decisión tampoco puede revisarse.

C. G. consiguió en 2000 que se condenara a España por esta cuestión. Otros han seguido después su senda. Él fue condenado en 1988 a 12 años de cárcel. Sostuvo siempre su inocencia y asegura que su juicio estuvo plagado de irregularidades. La sentencia no podía revisarse, así que huyó del país. Pasó 15 años en Canadá, Francia, EE UU, las Antillas… En 2000 el Comité de Derechos Humanos le dio la razón, pero él no volvió a España. Cuatro años después, en 2004, su padre enfermó y decidió regresar. Pasó más de dos años en la cárcel de Albacete y ahora está en tercer grado. Fue juzgado con el Código Penal antiguo y ha logrado redención de pena por trabajo. Prefiere que no aparezca su nombre, porque tiene ya un empleo fuera de prisión.

“Yo sólo pedía que se volviera a celebrar el juicio”, se queja. “Pero nunca se me ha hecho caso. Me gustaría que España cumpliera con los pactos que tiene con el resto del mundo. Me encanta ver a Zapatero en la ONU, pero desde mi lado se ven las cosas de otra forma. Es inadmisible que en un país europeo no se pueda revisar un juicio penal”.

La pelea de C. G. dará sus frutos, aunque lentos. Ya se han modificado algunas leyes para permitir la doble instancia, pero aún es necesario que quede recogido en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y tarda en llegar, al igual que un protocolo que permita que las resoluciones de la ONU no queden en mero papel mojado.

Sep

7

El Defensor Del Pueblo Despues De Constitucionalizarse

Enviar este artículo Imprimir este artículo Septiembre 7, 2009 | Deja un comentario

Lo ideal hubiese sido, que la idea del Defensor del Pueblo, hubiese nacido como una reivindicación popular y no como una propuesta liberal de sectores conservadores de la política local. Al momento de su proclamación y debate en el Congreso Nacional, con la aprobación de la Ley 19-01, de fecha 1 de Febrero del 2001, se creó una situación de hecho positiva, la mayoría congresual estaba integrada por una mayoría partidaria que aprobó la ley, lo que indicaba, que no sería difícil, implementar la ley aprobada. Si la mayoría en ese momento estaba conformada por miembros del Partido Revolucionario Dominicano-PRD- (hablamos del Congreso Nacional en el 2001),lo lógico y normal partidariamente hablando, era que esa mayoría, escogería UN DEFENSOR DEL PUEBLO, de entre sus filas, o al menos dentro de sus simpatizantes o afines., por tal motivo, vimos como connotados funcionarios del Gobierno del Dr. Jorge Blanco ( el más corrupto que se había visto, hasta ese momento) se presentaron cándidamente como aspirantes al cargo, despertando los apoyos de tendencias intra-partido,que como es natural, aspiraban que uno de los suyos ocupase el puesto. Desde ese instante se desnaturalizo la imagen y figura de lo que sería el Defensor del Pueblo. El PRD, como partido no tenía consenso en su interior, como para nombrar una persona y cumplir el voto de la ley. En esa indecisión política, le sorprendió el proceso electoral del 2002, donde perdieron la mayoría en el Congreso Nacional, pasando a conformar un segundo lugar sin mayoría decisoria, esta mayoría paso al Partido de la Liberación Dominicana PLD, quien domina la legislatura desde esa fecha, con igual desahogo que su oponente el PRD.

Nada a cambiando efectivamente hablando, el PLD ha demostrado en la práctica, no entender el asunto. Salvo algunos procedimientos de selección de candidatos y muchas declaraciones de prensa, nada se ha hecho desde el punto de vista del PLD, ya que la inclusión en la Reforma Constitucional, fue una iniciativa del Presidente Fernandez, nunca una propuesta del Partido, excepto que se pueda demostrar lo contrario.

Está llegando a su fin la pretendida Reforma Constitucional, con altas y bajas, pero con un norte definido: Tendremos una nueva Constitución dentro de poco. Dentro de los logros que nos traerá la Reforma, tendremos la figura del DEFENSOR DEL PUEBLO. Saludamos su inclusión en el texto Constitucional, es una correcta directriz y una señal inequívoca de que nos esperan verdaderas batallas Constitucionales e institucionales. Después que entre en vigencia la nueva Constitución (mejor dicho, las Reformas Constitucionales) el panorama político, dará un giro considerable, y un nuevo escenario se presentara, con nuevos debates sobre el contenido y aplicabilidad de los principios constitucionales aprobados. En el caso especifico del Defensor del Pueblo, esperamos que en los primeros 30 días de entrada en vigencia, sea escogido tal y como dispone la ley la persona que desempeñara esas funciones, así como sus suplentes y adjuntos, para integrar el equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo. Esperamos que nuestros legisladores, despierten del marasmo en que se encuentran en este caso específico, y procedan como espera el país. Sera el primer gran reto después de aprobada la Reforma.

Nos aproximamos al final de las discusiones en torno a las Reformas introducidas por el Poder Ejecutivo, a la Constitución de la Republica. Desde el inicio de las propuestas, se levantaron voces, para expresarse que no estaban de acuerdo con el método de evaluación, ya que algunos favorecían el procedimiento vía Referéndum Plebiscitario, y el Poder Ejecutivo, se descantaba por la vía de la Asamblea Revisora. Aunque un tercer sector, se mantuvo al margen del debate, al considerar que las propuestas, carecían de verdadero espíritu de reforma y la consideraba no vinculantes a la cuestión del Poder Nacional, ya que continuaba el esquema de una constitucionalidad horizontal, y que no aportaría un ápice a la distribución de los poderes del Estado, que superara la democracia tele-dirigida, que se ha instaurado en la Republica Dominicana desde el 30 de Mayo del 1961.

Si en algún escenario, era necesario para mostrar la debilidad de la llamada “fuerzas de oposición”, ese escenario ha sido, el de la discusión de la Reforma Constitucional. Su papel ha sido triste y folclórico; no solo por la orfandad de argumentos exhibidos en los debates, sino por las incoherencias de sus miembros, además de la incapacidad en exponer criterios constitucionales que superaran las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo. De su parte, los legisladores oficiales, de igual ignorancia temática y absoluto dominio conceptual de los temas de Reforma, pero con el cómodo escenario de estar del lado de la mayoría legislativa, cuyo único esfuerzo seria levantar la mano al menor guiño de ojo por parte de Reynaldo o Valentin.

Así las cosas, se ha arribado al final de la aprobación de las reformas propuestas y se adelanta, que próximamente, quizás este Septiembre, sean proclamadas las reformas, realizadas al Estatuto Constitucional , Se conformara un nuevo escenario constitucional y entraran en juego, nuevos conceptos, nuevas instancias de Estado y nuevas instituciones que deberán ser juzgadas en ese nuevo ordenamiento constitucional. Ya el país, ha tenido una experiencia traumática con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que sustituyo el Código de Procedimiento Criminal, su aplicación y adaptabilidad continua dando tumbos y el desconcierto procesal penal es de Señor Mío y Padre Nuestro, sobre todo, porque hay un sector conservador del país, que a lo que no domina, lo quiere modificar, ya veremos cuando se comiencen a aplicar las Reformas Constitucionales, como surgirán voces, para que se aplace o modifique lo reformado. Usted será testigo de excepción cuando se escoja al Defensor del Pueblo, el griterío, para que se modifique su ley constitutiva, para “adecuarla” a su realidad

Jul

20

Los Candidatos a Defensor Del Pueblo se Reunen

Enviar este artículo Imprimir este artículo Julio 20, 2009 | 2 Comentarios

Como un acierto altamente positivo, ha sido calificada la convocatoria para reunir en un Conversatorio a los cuarenta candidatos a la Defensoría del Pueblo. Para el próximo 01 de Agosto 2009, a las 10:00 A.M. esta circulando la invitación para que todas aquellas personas, que ya fueron seleccionadas por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, se reúnan en un encuentro-conversatorio, que se efectuara en el Salón de Actos del Colegio Dominicano de Periodistas, en el Centro de los Héroes.

La motivación de este conversatorio se encuentra en el carácter Constitucional, otorgado por la Asamblea Revisora de la Constitución, cuyo alcance y consecuencias será analizado por los Candidatos a Defensor del Pueblo.

La Figura jurídica del Defensor del Pueblo, fue creada mediante la ley numero 19/01 de fecha 1 del mes de Febrero del 2001, y hasta la fecha no ha sido posible la designación del Defensor del Pueblo, sus dos Sopletes y sus cinco adjuntos, quienes integraría la plantilla de la Defensoría del Pueblo, cuyo alcance, objetivos y propósitos, se encuentran establecidos en la referida ley, y que ahora con la aprobación del carácter constitucional, otorgado en la Reforma a la Constitución vigente, eleva su categoría y convierte esta figura, en una importante palanca del Estado Dominiicano,para afianzar el sistema democrático y dotar a la nación de un funcionario, en capacidad de convertirse en un real auditor de las acciones de los funcionarios del Gobierno, lo que sin lugar a dudas fortalecería las ejecutorias de la administración y por ende obligaría a los gobiernos a la transparencia en la aplicación de las políticas públicas.

Este Conversatorio, será el primero de otros, que están pautados con los aspirantes a Defensor del Pueblo, ya que los Adjuntos de las áreas establecidas por la ley, serán convocados por separado, a fin de que cada aspirante exprese sus criterios, y los mismos serán ponderados, hasta crear una especie de consenso sobre los objetivos y funciones de la Defensoría del Pueblo.

Aquellas personas que aun no hayan recibido su invitación y son aspirantes a Defensor del Pueblo, deben de llamar al 809-688-9715, para hacerle llegar la agenda del Conversatorio.

Jul

1

El Defensor del Pueblo Desde Otras Perspectivas

Enviar este artículo Imprimir este artículo Julio 1, 2009 | 3 Comentarios

Acaba de aprobar la Asamblea Revisora de la Constitución, la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo para incluir en la nueva reforma constitucional, la figura jurídica del Defensor del Pueblo. ¡Enhorabuena!
Más vale tarde que nunca…. El reconocerle rango constitucional a esta figura jurídica, puede inducir a errores, y a falsas esperanzas- las razones por las cuales no se ha podido designar UN DEFENSOR DE Pueblo, después de tener una ley estancada por 8 años , no guarda relación con que su carácter sea Constitucional o no. Varios factores se han mezclado para obstaculizar esta designación, en entregas anteriores ya habíamos explicado esas circunstancias, véase conlaplumacomoespada.com

Sin embargo, el reconocimiento con categoría de principio Constitucional del Defensor del Pueblo, obviamente que importantizan las tareas que desarrollara este funcionario y nos coloca por encima de otros países, que aunque tienen establecida la figura jurídica, no le han dado un carácter constitucional dentro de su ordenamiento jurídico. Este elevado concepto que el ordenamiento jurídico dominicano, le da al Defensor del Pueblo, refleja la intención situar las políticas de Estado, muy por encima de los intereses partidaristas, ya que el Defensor del Pueblo, esencialmente será una figura para impulsar las instituciones del Estado Dominicano y las políticas publicas que este programe, en beneficio de toda la sociedad . Para darnos cuenta, de cómo andan las cosas por los predios del Congreso Nacional al momento de aprobar esta importante decisión, deseo traer parte de la crónica informativa, que da a conocer sobre los debates en torno al Defensor del Pueblo y cito un periódico local de fecha de hoy 18 de junio del 2009:

……Previa a la aprobación de dicha iniciativa, el vicepresidente de la Asamblea, Julio Cesar Valentín, dijo que República Dominica es uno de los dos países que no tiene Defensor del Pueblo, y que el objetivo de esta figura, es salvaguardar los derechos y prerrogativas de los ciudadanos frente a los actos u omisiones de la administración públicas y de las instituciones privadas que prestan servicios públicos en las diversas áreas. Recordó que en una ocasión se opuso a la elección de una persona para esa posición, porque pertenece a un partido político, que no identificó En cambio, el asambleísta Ramón Rogelio Genao, recordó que la ley que debe elegir al Defensor del Pueblo ha recorrido tres presidentes de la Cámara de Diputados, un mandato presidencial de Hipólito Mejía y dos del actual presidente Leonel Fernández, y que la Cámara de Diputados ha habido tres gestiones diferentes: Rafael Alburquerque, Alfredo Pacheco y del actual presidente sin que hasta ahora se haya podido escoger este funcionario judicial.Pelegrín Castillo dijo que una de las razones por la que no se ha puesto en vigencia la esta Ley es porque las ternas no se han escogidos, tienen que ver con el sistema partidario local. “La señal de cambio que se pueda mandar a la población es el establecimiento de un estatuto fuerte para el Defensor del Pueblo”. Rafaela Alburquerque, explicó de su lado, que la citada figura no ha sido aprobada porque, a pesar de intentos, no se ha podido reunir las dos terceras partes requeridas para su aprobación. “Que ha sucedido no es por falta de ley, ni de voluntad política, ha sido porque las dos tercera parte hay que tenerla para aprobarlo. Es difícil tener las dos tercera para poder escoger al Defensor del Pueblo, me acojo a que se apruebe tal y como lo envió el Poder Ejecutivo, reiteró, Rafaela Alburquerque………

Lo ideal hubiese sido, que la idea del Defensor del Pueblo, hubiese nacido como una reivindicación popular y no como una propuesta liberal de sectores conservadores de la política local. Al momento de su proclamación y debate en el Congreso Nacional, con la aprobación de la Ley 01-2001, de fecha 1 de Febrero del 2001, se creó una situación de hecho positiva, la mayoría congresual estaba integrada por la mayoría que aprobó la ley, lo que indicaba, que no sería difícil, implementar la ley aprobada.
Si la mayoría en ese momento estaba conformada por miembros del Partido Revolucionario Dominicano-PRD- (hablamos del Congreso Nacional en el 2001),lo lógico y normal, partidariamente hablando, era que esa mayoría, escogería UN DEFENSOR DEL PUEBLO, de entre sus filas, o al menos dentro de sus simpatizantes o afines, por tal motivo, vimos como connotados funcionarios del Gobierno del Dr. Jorge Blanco ( el más corrupto que se había visto, hasta ese momento) se presentaron cándidamente como aspirantes al cargo, despertando los apoyos de tendencias intra-partido,que como es natural, aspiraban que uno de los suyos ocupase el puesto. Desde ese instante se desnaturalizo la imagen y figura de lo que sería el Defensor del Pueblo.

El PRD, como partido no tenía consenso en su interior, como para nombrar una persona y cumplir con el voto de la ley. En esa indecisión política, le sorprendió el proceso electoral del 2002, donde perdieron la mayoría en el Congreso Nacional, pasando a conformar un segundo lugar sin mayoría decisoria, esta mayoría, paso al Partido de la Liberación Dominicana, quien domina la legislatura desde esa fecha, con igual desahogo que su oponente. Fue fácil, para el Partido de la Liberación Dominicana imprimirle un carácter Constitucional al proyecto, ya que es mayoría en el congreso y ningún sector con presencia en el mismo, tenía idea sobre el particular, aunque la idea del Defensor del Pueblo, no fue iniciativa del PLD, este le ha sacado ventaja política al mismo, y ahora al constitucionalizarse, constituye un verdadero palo.

Esperemos el devenir de los acontecimientos, para ver si es verdad tanta belleza. Por aquellos, de que Bienaventurados los que no esperan, porque no serán defraudados. Sobre todo porque si se ha esperado 8 largos años, esperar dos mas, para celebrarle una década, a una ley que debió de entrar en vigencia al día siguiente de ser aprobada, no es nada, además, estamos en la Republica Dominicana….el secreto mejor guardado del Caribe, donde todo es posible.