Jul

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El Defensor del Pueblo Desde Otras Perspectivas

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Acaba de aprobar la Asamblea Revisora de la Constitución, la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo para incluir en la nueva reforma constitucional, la figura jurídica del Defensor del Pueblo. ¡Enhorabuena!
Más vale tarde que nunca…. El reconocerle rango constitucional a esta figura jurídica, puede inducir a errores, y a falsas esperanzas- las razones por las cuales no se ha podido designar UN DEFENSOR DE Pueblo, después de tener una ley estancada por 8 años , no guarda relación con que su carácter sea Constitucional o no. Varios factores se han mezclado para obstaculizar esta designación, en entregas anteriores ya habíamos explicado esas circunstancias, véase conlaplumacomoespada.com

Sin embargo, el reconocimiento con categoría de principio Constitucional del Defensor del Pueblo, obviamente que importantizan las tareas que desarrollara este funcionario y nos coloca por encima de otros países, que aunque tienen establecida la figura jurídica, no le han dado un carácter constitucional dentro de su ordenamiento jurídico. Este elevado concepto que el ordenamiento jurídico dominicano, le da al Defensor del Pueblo, refleja la intención situar las políticas de Estado, muy por encima de los intereses partidaristas, ya que el Defensor del Pueblo, esencialmente será una figura para impulsar las instituciones del Estado Dominicano y las políticas publicas que este programe, en beneficio de toda la sociedad . Para darnos cuenta, de cómo andan las cosas por los predios del Congreso Nacional al momento de aprobar esta importante decisión, deseo traer parte de la crónica informativa, que da a conocer sobre los debates en torno al Defensor del Pueblo y cito un periódico local de fecha de hoy 18 de junio del 2009:

……Previa a la aprobación de dicha iniciativa, el vicepresidente de la Asamblea, Julio Cesar Valentín, dijo que República Dominica es uno de los dos países que no tiene Defensor del Pueblo, y que el objetivo de esta figura, es salvaguardar los derechos y prerrogativas de los ciudadanos frente a los actos u omisiones de la administración públicas y de las instituciones privadas que prestan servicios públicos en las diversas áreas. Recordó que en una ocasión se opuso a la elección de una persona para esa posición, porque pertenece a un partido político, que no identificó En cambio, el asambleísta Ramón Rogelio Genao, recordó que la ley que debe elegir al Defensor del Pueblo ha recorrido tres presidentes de la Cámara de Diputados, un mandato presidencial de Hipólito Mejía y dos del actual presidente Leonel Fernández, y que la Cámara de Diputados ha habido tres gestiones diferentes: Rafael Alburquerque, Alfredo Pacheco y del actual presidente sin que hasta ahora se haya podido escoger este funcionario judicial.Pelegrín Castillo dijo que una de las razones por la que no se ha puesto en vigencia la esta Ley es porque las ternas no se han escogidos, tienen que ver con el sistema partidario local. “La señal de cambio que se pueda mandar a la población es el establecimiento de un estatuto fuerte para el Defensor del Pueblo”. Rafaela Alburquerque, explicó de su lado, que la citada figura no ha sido aprobada porque, a pesar de intentos, no se ha podido reunir las dos terceras partes requeridas para su aprobación. “Que ha sucedido no es por falta de ley, ni de voluntad política, ha sido porque las dos tercera parte hay que tenerla para aprobarlo. Es difícil tener las dos tercera para poder escoger al Defensor del Pueblo, me acojo a que se apruebe tal y como lo envió el Poder Ejecutivo, reiteró, Rafaela Alburquerque………

Lo ideal hubiese sido, que la idea del Defensor del Pueblo, hubiese nacido como una reivindicación popular y no como una propuesta liberal de sectores conservadores de la política local. Al momento de su proclamación y debate en el Congreso Nacional, con la aprobación de la Ley 01-2001, de fecha 1 de Febrero del 2001, se creó una situación de hecho positiva, la mayoría congresual estaba integrada por la mayoría que aprobó la ley, lo que indicaba, que no sería difícil, implementar la ley aprobada.
Si la mayoría en ese momento estaba conformada por miembros del Partido Revolucionario Dominicano-PRD- (hablamos del Congreso Nacional en el 2001),lo lógico y normal, partidariamente hablando, era que esa mayoría, escogería UN DEFENSOR DEL PUEBLO, de entre sus filas, o al menos dentro de sus simpatizantes o afines, por tal motivo, vimos como connotados funcionarios del Gobierno del Dr. Jorge Blanco ( el más corrupto que se había visto, hasta ese momento) se presentaron cándidamente como aspirantes al cargo, despertando los apoyos de tendencias intra-partido,que como es natural, aspiraban que uno de los suyos ocupase el puesto. Desde ese instante se desnaturalizo la imagen y figura de lo que sería el Defensor del Pueblo.

El PRD, como partido no tenía consenso en su interior, como para nombrar una persona y cumplir con el voto de la ley. En esa indecisión política, le sorprendió el proceso electoral del 2002, donde perdieron la mayoría en el Congreso Nacional, pasando a conformar un segundo lugar sin mayoría decisoria, esta mayoría, paso al Partido de la Liberación Dominicana, quien domina la legislatura desde esa fecha, con igual desahogo que su oponente. Fue fácil, para el Partido de la Liberación Dominicana imprimirle un carácter Constitucional al proyecto, ya que es mayoría en el congreso y ningún sector con presencia en el mismo, tenía idea sobre el particular, aunque la idea del Defensor del Pueblo, no fue iniciativa del PLD, este le ha sacado ventaja política al mismo, y ahora al constitucionalizarse, constituye un verdadero palo.

Esperemos el devenir de los acontecimientos, para ver si es verdad tanta belleza. Por aquellos, de que Bienaventurados los que no esperan, porque no serán defraudados. Sobre todo porque si se ha esperado 8 largos años, esperar dos mas, para celebrarle una década, a una ley que debió de entrar en vigencia al día siguiente de ser aprobada, no es nada, además, estamos en la Republica Dominicana….el secreto mejor guardado del Caribe, donde todo es posible.

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Apr

8

Encuestra sobre el Defensor del Pueblo (Respuesta I)

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Por Jesús Javier Cabral Díaz

(a) ¿Que tú entiendes que es el Defensor del Pueblo?
Es un funcionario del Estado que tiene la misión de defender a los ciudadanos de las injusticias o abusos cometidos por funcionarios públicos. Es una figura de gran poder, debido a que sobre él descansan atribuciones como la autonomía para actuar, y la no sujeción a ninguna autoridad en particular. En fin, en lo personal, podría ser considerado un instrumento para el buen desarrollo del derecho en nuestro país, tal así como el Garantismo y el Bloque de Constitucionalidad, que va en pos de la defensa de los derechos fundamentales

(b) ¿Conoces la ley que puso en vigencia esta Figura Jurídica?
Si, la ley 19-01, promulgada el 1ro de febrero del año 2001. Hasta el momento no se ha escogido la persona que desempeñaría las funciones de dicha figura jurídica. También, en caso de aprobarse el proyecto de Reforma Constitucional, adquiría un carácter sustantivo.

(c) ¿Usted considera necesario a este funcionario, por qué?
Considero que si. Los Estados que han adoptado al Defensor del Pueblo dentro de su legislación como España y Argentina entre los más destacados, han obtenido valiosos resultados en relación a la defensa de la ciudadanía. En nuestro país con la corrupción masificada existente, podría ser un artilugio para por lo menos, minimizar las injusticias cometidas por funcionarios públicos que caen dentro dentro del mal que indiqué anteriormente.

(d) Diga tres razones por la cual, usted considera que no ha sido posible la escogencia de una persona para desempeñar las funciones de Defensor del Pueblo.
1-Falta de interés del Congreso Nacional.
2-La poca publicidad efectiva realizada por las autoridades frente a la promulgación de la ley y sobre la figura del Defensor del Pueblo.
3-La posible incompetencia de un represente digno y honorable para ejercer dicha función.

(e) ¿Que usted sugiere para hacer efectivas las funciones del Defensor del Pueblo y de sus adjuntos?
Elaborar una reglamentación que haga acopio de las necesidades del Defensor del Pueblo dominicano. En nuestro país se ha convertido en costumbre “copiar” literalmente legislaciones extranjeras que, si bien son bastante avanzadas y modernas no se adaptan a nuestros problemas internos.

(f) ¿Cual es a su juicio el área, en que el Defensor del Pueblo, deberá poner mayor énfasis en el ejercicio de sus funciones?
En materia de Derecho Público, especialmente entre la relación del Estado con los particulares.

(g) ¿Según su experiencia personal, como considera usted que deberá ser el desempeñó del Defensor del Pueblo, frente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial?
Poder Ejecutivo: Mantener el equilibrio con las figuras administrativas de la Nación, frente a los particulares y los demás poderes del estado.
Poder Legislativo: Acoplarse fielmente a lo establecido en la Constitución Dominicana, y denunciar enérgicamente, mediante las quejas de los particulares, cualquier medida tomada por este organismo ya sea esta injusta o inconstitucional.

(h) Como usted clasifica la figura del Defensor del Pueblo.(marque una)
- Una Figura del Estado
- Una Figura del Gobierno
- Una Figura de la Nación
- Una Figura de la Sociedad Civil
- Una Figura de la Iglesia Católica
- Una Figura de los Sectores Económicos.
- Una Figura de las Embajadas Extranjeras.

(i) Haz un breve comentario sobre el Defensor del Pueblo, para completar tu opinión sobre el tema.
Desde hace algunos meses me he documentando sobre la figura del Defensor del Pueblo. Al principio quede fascinado de que existiera una figura tal, que pudiera resolver y defender a los ciudadanos de muchas acciones injustas que cometen nuestros supuestos “delegados” o “representantes” públicos. Con la salvedad del Lic. Martínez Portorreal, desconozco cualquier otro trabajo que tome como tema el que se trata aquí lo que sin lugar a dudas, ha causado un gran desconocimiento al pueblo del que podría ser la figura que equilibraría la relación de Estado-particulares, que en el nuevo Estado social democrático, pretende ser de garantías y no de la simple representación. La elección. del Defensor del Pueblo ofrecería otra aire al ordenamiento jurídico dominicano.

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Jan

12

Reclamamos Una Transparente Politica Del Estado Dominicano En El Area De Los Derechos Humanos

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Habíamos escrito el pasado año un artículo en el cual expresábamos nuestra opinión de crear un ente público que representara las iniciativas del gobierno del Dr. Leonel Fernández en el terreno de los Derechos Humanos. Sugeríamos en esa ocasión la creación de una Unidad Ejecutiva, con categoría de asesoría presidencial, a fin de contribuir a diafanizar las políticas que el materia de Derechos Humanos implementara el gobierno, pero, no solo hicimos eso, sino que enviamos una carta al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo en esos momentos, donde le participábamos al gobierno de la iniciativa. Nadie leyó el artículo, nadie respondió la carta, nadie se dio por enterado, el silencio fue la respuesta. Los Derechos Humanos, no eran prioridad. Cuando estas cosas ocurren, resulta muy complicado establecer responsabilidad frente al deterioro de los Derechos Humanos en el País. Las ejecuciones extrajudiciales se suceden en una proporción alarmante, la inseguridad y la violencia se incrementan ante la mirada de asombro de la población y no aparecen las voces reclamen la aplicación de una política POR LA VIDA, contra una situación de manos duras, que está sembrando DE MUERTES al país. No se puede bajar de la Jefatura de la Policía Nacional llorando sangre, porque entre esas sangres, puede haber sangre inocente.

No se puedo dejar de reclamar una política de Estado en el area de los Derechos Humanos, no como una salida politiquera y electoral, sino como política transparente y comprometida con los principios que hemos Ratificado como país en los foros internacionales y que paradójicamente constituyen el fundamento de nuestro ordenamiento Constitucional. Como nadie leyó aquel artículo, ahora lo reiteramos:

El estado dominicano está en la obligación de implementar una política en el área de los Derechos Humanos

Desde el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, el 30 de Mayo del 1961, estamos tratando de que el Estado Dominicano, acoja y defina cual es su política en el área de los Derechos Humanos. En el periodo desde 1930 al 1961, conocido como la ERA GLORIOSA, en que tocó gobernar a Trujillo Molina, era iluso pretender que este régimen de terror, modelo de gobierno “democrático, occidental y cristiano”, bendecido y apoyado durante todo su trayecto por los distintos gobiernos norteamericanos y peón de la llamada Guerra Fría; implementara medidas en pro de los Derechos Humanos, aunque irónicamente firmó la Carta de San Francisco, que dio nacimiento a la Organización de Naciones (ONU) y se adhirió en el 1948, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e ingreso como Estado-Parte-Miembro-Fundador de la Organización de Estado Americanos(OEA). Resultaron fallidos los esfuerzos nacionales, para construir en el periodo 1961 al 1966, un espacio, que abriera las puertas a Políticas de Estados en el área de los Derechos Humanos, durante ese turbulento periodo político, nos obstante haberse celebrado las primeras elecciones libres después del ajusticiamiento del dictador, el primer gobierno electo en dicha elecciones, presidido por una figura de prestigio internacional, como lo fue Don Juan Bosch, fue derrocado por una conspiración de sectores conservadores del país, utilizando unas Fuerzas Armadas, que actuaban motorizadas por el miedo al comunismo y la dependencia extranjera. En el largo y no menos tenebroso periodo de los Doce Años, entre 1966 al 1978, innumerables esfuerzos se realizaron para forzar al Estado Dominicano a adoptar una política en materia de Derechos Humanos, que marcara definitivamente el paso de la Dictadura a la Democracia. Desde 1978 al 2000, se redoblaron esos esfuerzos, tanto con la decidida iniciativa interna como de instituciones internacionales especializadas, para que se adoptaran políticas de Estado firmes y transparentes en materia de Derechos Humanos.

Diversos gobiernos hemos tenido en los periodos señalados, pero todos sin excepción han dado de lado al asunto, y los puntos de vistas partidistas y unilaterales, han sido más efectivos, y han hecho naufragar esfuerzos serios y coherentes para dotar al Estado Dominicano de una firme y transparente política en el área de los Derechos Humanos. Sin ningún rubor político se ha adoptado la política de firmar, ratificar y adherirse a pactos, convenios y tratados internacionales en diversas asuntos dentro del área de los Derechos Humanos, constituyendo una rutina levantar las manos en los foros internacionales y sin el menor sonrojo apoyar una convención importante, sin que éso signifique que en el plano interno, se implementará o se llevara a cabo una aplicación programada para que lo acordado en el escenario internacional, encuentra su contrapartida en el plano interno. Esa alocada política de aprobación de convenios sin intención de aplicarlos en la práctica interna, acaba de encontrar un feliz precedente con la puesta en vigencia del nuevo CODIGO PROCESAL PENAL , el cual de manera precisa y sin ambages, dispone en su artículo primero que:

“…Los tribunales al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la Republica y de los Tratados Internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por estos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los caos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida a favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio…”

Este primer principio fundamental del nuevo Código Procesal Penal, se refiere entre otros a instrumentos internacionales ratificados por el Estado Dominicano en el área de los Derechos Humanos, como son:

(a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
(b) La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
(c) Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
(d) La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
(e) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(f)La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de san José
(g) La Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la tortura
(h) La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer
(i) La Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ó Convención de Belem Do Pará

Estos instrumentos, se suman a otros de carácter proteccionista, para conforman una sólida base de documentación suficiente para la elaboración de una política de Estado coherente en el área de los Derechos Humanos. Sin embargo, NO EXISTE un organismo de gobierno que coordine las acciones internas en la aplicabilidad de estos convenios, la creación de una Comisión Interdisciplinaria en el área de Derechos Humanos, además de no aportar nada a la elaboración de una política de Estado, es un organismo natimuerto, burocratizado, que no se sabe de quien depende para celebrar sus “trabajos”, considero que se inventó como reacción a las denuncias de malos tratos contra trabajadores Haitianos, que como respuesta para elaborar una política de Estado concreta.

En ese sentido enviamos al Señor Presidente, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, un anteproyecto para crear la Unidad Ejecutiva Asesora del Poder Ejecutivo en el Área de los Derechos Humanos, como instancia valida interna para implementar las políticas del Gobierno en esa importante área y facilitar una mejor aplicación de las políticas del Estado en materia de Derechos Humanos.

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Dec

30

¿Que significa institucionalizar?

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Se ha dicho en reiteradas ocasiones, que el éxito o fracaso de un país, se encuentra en la medida que las acciones públicas y privadas, se encuentren regidas por un ámbito de institucionalidad, la falta de un rigor institucional es la ley de la selva, donde el más fuerte se impone al más débil. En cambio, el rigor de la ley, establece los parámetros para la convivencia pacifica y el desarrollo sostenido armónico.

Una sociedad donde la institucionalidad sea el fruto del establecimiento de las políticas del embudo, donde la parte ancha y ventajosa, se concentra en una parte minoritaria de la población, mientras que la parte estrecha y sin oportunidades se le dejan al grueso de la sociedad, es obvio que se impone una revaloración del equilibro social, económico, cultural y político, para que la sociedad pueda tener un devenir con menos violencia, con mas oportunidades, mas sentido de la justicia y por ende por mas solidaridad.

Quienes disfruten de amplias ventajas sociales o económicas y las han convertido en instrumentos políticos, poco les importa, ningún equilibro. Esos sectores prolongaran por los siglos de los siglos, sus privilegios, y buscaran todas las formulas para impedir, que la sociedad en su conjunto se democratice, se desarrolle, se equilibre, en otras palabras se institucionalice.

Institucionalizar en este contexto, quiere decir:

-Fortalecer el Debido proceso de la ley.
-Impulsar todo proceso de supervisión desde el Estado para exigir el cumplimiento de las normas e impedir que personas o sectores rompan en su favor la ley, y las inclinen en su favor.
-Establecer los procedimientos de evaluación ética y moral de todo servidor público, a fin de que sus servicios de calidad se expresen en resultados de gestión.
-Impedir que en nombre de la gobernabilidad los administradores de la Cosa Publica, establezcan normas que le favorezcan a ellos, a sus parientes o allegados, empleando malas artes y pretendiendo salirse con las suyas.
-Reducir a su mínima expresión la violencia, de la naturaleza que sea.

Hacer lo contrario es distraer al país, ahondar las diferencias, fomentar la violencia social, especializar la corrupción y más aun envilecer a los más necesitados.

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Nov

24

La Presidencia de Barack Obama y su impacto en la República Dominicana

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El pasado 4 de Noviembre, los votantes de los Estados Unidos, decidieron que un ciudadano de ese país, con méritos acumulados fuera escogido para ser Presidente de la nación norteamericana a partir del próximo 20 de Enero 2009. Para esos millones de votantes, no fue determinante, que el color de la piel de ese ciudadano fuera negra, por lo que expresaron su decidida inclinación, para señalarlo como el próximo ocupante de la Casa Blanca. El precedente que se marcaba iba a trascender las fronteras de los Estados Unidos y una nueva percepción geopolítica se comenzaría a vislumbrar a todo lo ancho y largo del mundo democráticos. Las elecciones presidenciales pasaban de ser un hecho electoral de un país para convertirse en agenda obligada de los estrategas de las políticas y de los expertos, por su extraordinaria carga emocional y expectativas acumuladas. Negros presidentes han existido y existen en muchos países, pero nunca en los Estados Unidos, donde hasta el 1961, se aplicaba la odiosa política del Apartheid.

Conocí personalmente al norteamericano Barack Hussein Obama, en 1986 cuando me desempeñaba como Encargado de los Asuntos del Caribe del Washington Office on Latin America(WOLA), en una de las tantas reuniones promovidas por esta entidad con grupos religiosos y cívicos que participaban en los afanes vinculados a los Derechos Humanos en el ámbito del Congreso de los Estados Unidos. Jamás pensé, que ese joven negro, llegaría ser inquilino del 1600 de Pennsylvania Avenue. Sin embargo, lo que nunca se olvidará era la determinación de sus ideas progresistas y la incuestionable vocación de servicio, que transmitían sus palabras. Con unos veinte y tantos años, en aquel entonces, su liderazgo era predecible y el tiempo se encargo de hacerlo una realidad, no estamos frente a un improvisado, sino frente a un activista de los Derechos Civiles, que persistió y triunfo en forma convincente.

El nuevo Presidente de los Estados Unidos es un mulato, con amplia y solida formación profesional y política, cuya oratoria y poder de comunicación ha cautivado a millones fuera y dentro de su país. La escogencia electoral de este personaje de la política interna de los Estados Unidos, se perfila con fuerza y se espera que haga impacto en las relaciones geopolíticas de EE.UU. y sus vecinos inmediatos, donde se encuentra un país llamado República Dominicana. El Señor Obama será el Presidente de los Estados Unidos, no fue escogido para representar ningún otro interés, que no sea el de los Estados Unidos. En ese marco de los intereses de los Estados Unidos desarrollará sus políticas y sus decisiones. Por encima o por debajo de su piel, se encuentra la realidad objetiva de su impronta política, particularmente su militancia dentro del Partido Demócrata, reducto de lo más liberal de la política interna de ese país. Esos elementos, se conjugarán al momento de hacer cualquier valoración en materia de política exterior.

Es obvio, que la nueva administración que asuma el próximo 20 de Enero (09) reestructurara sus relaciones geopolíticas con los países del Caribe, entre lo que nos encontramos Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana. Para solo indicar tres países del llamado Caribe Español, donde la política exterior Norteamérica, precisa establecer un cambio, a fin de adecuar algunas situaciones a sus fines estratégicos inmediatos. En el caso de Cuba: Guantánamo y el reenfoque de sus relaciones con el gobierno de Raúl Castro. En el caso de Puerto Rico: Redefinir la carga presupuestaria para EE.UU que significa el llamado Estado Libre Asociado. En el caso de la República Dominicana: La aplicación de los acuerdos internacionales firmado por el Estado Dominicano, en materia de Migración y Braceros Haitianos , Derechos Humanos y Ejecuciones Extrajudiciales, sin dejar de examinar el auge del Narcotráfico y su penetración en estamentos de las Fuerzas Armadas y el vínculo con la corrupción administrativa.

No cabe la mejor de las dudas, de que la política exterior norteamericana dará un giro de 180 grados, y que este giro tocara a sus aliados, a sus amigos y a sus enemigos, porque nada volverá a ser igual después del Señor Bush. No debemos esperar un catalogo de requerimientos por parte de la administración Obama-Biden, solo revisemos los últimos diez informes del Departamento de Estado, de la DEA, de Transparencia Internacional, y de otros organismos norteamericanos, donde expresan sus opiniones sobre aquellos países donde la influencia de los Estados Unidos es determinantes. Predomina una especie de pragmatismo en algunos gobiernos latinoamericanos, si en la casa blanca hay un Republicano, ellos adecuan sus prácticas al discurso republicano, si hay un Demócrata, trataran de adecuar sus relaciones a los requerimientos demócratas, eso no fuera criticable, si la “orden” que llega en ingles, no afecta tradicionales intereses al interior de algunos países, donde los grupos dominantes son pro norteamericanos siempre y cuando los norteamericanos, no quieran ser liberales y sujetarse a las reglas de la decencia y a la práctica de la ética internacional, que es lo que tradicionalmente ocurre con los gobiernos del partido demócrata.

Como aun estamos a tiempo, para diseñar nuestras políticas aferradas a los intereses de la República Dominicana, debemos de concluir con un antiguo pensamiento latino: jura vigilantibus, non dormientibus prosunt. La razón y el derecho viene en socorro de los que velan y actúan, no de los que duermen y confían.

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